«La inseguridad jurídica creada por el Gobierno frena a los inversores inmobiliarios»

Los principales actores del sector del alquiler en España, tanto en residencial como oficinas, comercial o logística, agrupados en la Asociación de Inmobiliarias con Patrimonio en Alquiler (ASIPA), muestran su descontento con Gobierno de Pedro Sánchez por su forma de gestionar la crisis sanitaria y aseguran que la poca claridad en torno a la futura Ley de Vivienda está generando inseguridad jurídica entre los inversores en el sector inmobiliario.

En concreto, Fernando Lacadena, presidente de ASIPA, explica en una entrevista a OKDIARIO: «Nuestro sector se basa en un negocio con inversiones a largo plazo y en España necesitamos que los inversores internacionales sigan apostando por el país para hacer grandes proyectos y que el mercado crezca. Pero la inseguridad jurídica creada por el Gobierno está frenando a los inversores inmobiliarios».

En este sentido, Lacadena asegura que «la inestabilidad que se ha generado en relación a posibles regulaciones de rentas y las medidas adoptadas desde algunas comunidades autónomas han dificultado además la respuesta del sector durante la pandemia».

Respecto a la futura Ley de Vivienda, apunta que, «desde el Gobierno, una semana nos dicen que están pensando en regular el sector del alquiler de una manera y a la siguiente de otra. En concreto, primero anunciaron que pretendían regular las rentas y después que va a ir más encaminada a ofrecer incentivos fiscales a los propietarios».

Así, Lacadena matiza que esto hace que los inversores decidan paralizar sus proyectos relacionados con alquiler de activos inmobiliarios en España hasta que haya mayor claridad y estabilidad y, por ello, apuestan por invertir en otros países.

Los arrendadores, sin ayudas

Los miembros de ASIPA -entre los están grandes compañías del mercado inmobiliario como Azora, Merlin, Klepierre, Unibail Rodamco Westfield o Grupo Lar- lamentan también que durante la gestión de la crisis económica derivada de la Covid-19 no se hayan tenido en cuenta las necesidades específicas de los actores privados del inmobiliario patrimonialista, y critican que las ayudas se hayan centrado sólo en un lado de la balanza: los arrendatarios.

Desde la asociación aseguran que han echado en falta ayudas para el sector como bonificaciones o diferimientos de determinadas tasas o impuestos para segmentos especialmente dañados como el comercial, hotelero u oficinas. «Es como si los propietarios no hubiéramos tenido que hacer frente también a gastos e inversiones, a ajustes para acomodarnos a la nueva situación –medidas anti-covid en los espacios–, a condonaciones y rebajas de renta», explican desde ASIPA.

De hecho, añade que el Gobierno debería haber copiado el ejemplo de otros países europeos, en los que dicha carga se ha repartido entre el arrendador, Estado y arrendatarios.

Al respecto, el presidente de la asociación recuerda que el sector ha sufrido una gran cantidad de impagos, y piden medidas ágiles para resolver las diferencias que han surgido, entre arrendadores y arrendatarios.